Aseguran bienes al ex gobernador Roberto Sandoval, uno de ellos ligado al “Canelo”

La Fiscalía de Nayarit aseguró cinco propiedades: una fundación, un terreno y tres inmuebles; el boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez es socio de la Fundación Ríe, que dirige Lidy Alejandra Sandoval López, hija mayor del ex mandatario.

La Fiscalía de Nayarit aseguró cinco inmuebles propiedad del ex gobernador Roberto Sandoval y su familia como una medida precautoria por la investigación que se sigue en contra del ex mandatario por enriquecimiento ilícito.

El primer aseguramiento se realizó en el inmueble donde se ubica la Fundación Ríe, en la colonia El Pedregal de San Juan, en el cual se brindan sesiones de equinoterapia para niños con capacidades diferentes.

La fundación está a cargo de Lidy Alejandra Sandoval López, hija mayor del mandatario, y entre los socios están Saúl El Canelo Álvarez y Hugo Ismael Sánchez Sandoval, sobrino del ex mandatario, asesinado el 19 de septiembre de 2017, el mismo día en que Roberto Sandoval dejó el cargo.

La finca se rentaba para bodas, celebraciones privadas y eventos partidistas del PRI en Nayarit, y la fundación ha sido señalada como una fachada para presuntamente encubrir la compra de caballos finos por parte del ex gobernador.

También se aseguró un predio de más de 39 mil metros cuadrados en el ejido La Cantera, de Tepic, que en 2013 fue adquirido por la actual senadora del PRI Margarita Flores Sánchez, y vendido un año después en 5 millones de pesos a una inmobiliaria de la Ciudad de México, cuyo registro no existe.

Según la escritura pública 3586 —fechada en enero de 2015 y emitida por los notarios 15 y 20 de Tepic—, el 10 de junio de 2014 Flores Sánchez recibió 100 mil pesos en efectivo para pactar la venta y el 23 de diciembre de ese año la empresa L-Inmo S.A. de C.V. realizó una transferencia bancaria por 4 millones 900 mil pesos a nombre de la senadora.

En el documento se establece que la empresa fue constituida legalmente el 11 de diciembre de 2014 en la Ciudad de México, 12 días antes de pagar la totalidad del predio, y su único administrador es Daniel Alberto Murad Millet, quien en varias ocasiones ha aparecido como candidato plurinominal suplente en los listados del Partido Nueva Alianza para el Congreso de la Unión. Sin embargo, en una consulta realizada por EL UNIVERSAL en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México no se encontró ningún dato de la empresa.

Además de estas dos propiedades, la Fiscalía aseguró una residencia en construcción en el exclusivo fraccionamiento Bonaterra de la capital nayarita, cuya propiedad es de Lidy Alejandra Sandoval, hija del ex mandatario; otra en la colonia Doctor Leyva, de Tepic, y una más en el fraccionamiento Lago David, en el ejido El Armadillo, de la capital nayarita.

Solamente es una medida precautoria. La agente del Ministerio Público que encabezó las diligencias, Luzmila Heredia Verdugo, explicó que el aseguramiento es una medida precautoria por la investigación por enriquecimiento ilícito que se le sigue al ex gobernador desde enero pasado y no significa que los inmuebles estén incautados, sino que sólo se “inmovilizan” para que no haya un cambio de propietario.

En el caso del inmueble en el que se ubica la Fundación Ríe, Heredia Vergugo precisó que sus labores pueden continuar con normalidad, puesto que solamente se da el carácter de depositarios.

La agente ministerial dijo que no están obligados a llamar a declarar al ex gobernador por estos hechos, ya que una vez integrada la investigación y solicitado el proceso en su contra ante el Poder Judicial, la primera declaración de su parte se podría hacer ante un juez de control.

Rodrigo González Barrios, vocero de la llamada Comisión de la Verdad que promovió las demandas penales contra Sandoval Castañeda, señaló que pronto darán a conocer datos sobre el caso de las 12 mil cabezas de ganado provenientes de Nueva Zelanda que se adquiridas con recursos federales y con las que están involucrados Sandoval y el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

A Sandoval se le sigue un juicio político en el Congreso local por el presunto desvío de más 2 mil 700 millones de pesos. Desde abril de 2017 en la PGR hay una denuncia en su contra por presunto enriquecimiento inexplicable y en enero pasado la Fiscalía del estado abrió la carpeta de investigación NAY/T3CI/31/18 por presunto enriquecimiento ilícito.

EL UNIVERSAL