Piden a Alejandro Murat acabar con su “política de terror” contra activistas en Oaxaca

Por lo menos nueve asesinatos de luchadores sociales, 11 allanamientos, dos desapariciones forzadas, despojo de la tierra y territorio, militarización, imposición de megaproyectos como minas, presas hidroeléctricas y parques eólicos, es el resultado de la “política de terror” implementada en los primeros 15 meses de gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa, denunció un colectivo de alrededor de 60 organizaciones civiles, sindicales y de derechos humanos.

Y exigieron al gobernador que poner un alto a la política de terror implementada en Oaxaca por el Estado, así como a la impunidad.

De igual forma, responsabilizaron al gobierno de Alejandro Murat de cualquier represalia en contra de activistas del movimiento social oaxaqueño.

Consideran que un año y tres meses desde la llegada de Alejandro Murat al gobierno de Oaxaca, han sido suficientes para poner en evidencia una política de Estado que poco le apuesta a la gobernabilidad, el diálogo y la concertación.

Y es que en este periodo también han sido documentadas amenazas de muerte, vigilancia con drones, espionaje, procesos judiciales, órdenes de aprehensión y difamación contra quienes conforman el movimiento social de Oaxaca, además de la brutal acción de rociar con ácido muriático a integrantes de la Sección 22.

Respecto a la impunidad citaron como ejemplo los crímenes cometidos por funcionarios de Estado y que continúan sin castigo, como los 14 homicidios del “helicopterazo” en Jamiltepec ocurrido el pasado el 16 de febrero.

Y es que a pesar de que se conoce públicamente a los responsables no se ha ejercitado acción penal contra ninguno de ellos, lo que deja claro –afirman–el sesgo con que operan los aparatos estatales y federales de procuración de Justicia.

Otro síntoma del terrorismo de Estado, añaden, es el aumento de la violencia generalizada sin control contra las mujeres en Oaxaca y los 145 feminicidios que se han registrado en lo que va del sexenio del gobernador priista.

El gobierno de Oaxaca y el gobierno federal, subrayan, se han coludido para generar un clima de terror, impunidad y permisibilidad, pues muchos de los casos enunciados cuentan con quejas en la CNDH y en la DDHPO, así como denuncias en Fiscalía estatal y en la PGR, sin que hasta el momento se haya fincado ningún tipo de responsabilidad al respecto.

Otro ejemplo claro del modus operandi del gobierno de Murat, acusan, es la ejecución de Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez, fundador e integrantes de CODEDI, así como el intento de asesinato a Abraham Ramírez Vázquez, quienes después de una reunión con el gobierno del estado fueron emboscados a balazos.

Los activistas responsabilizan a Alejandro Murat y a Enrique Peña Nieto de la vida, integridad física y psicológica de todos y cada uno de los integrantes del movimiento social, magisterial y popular de Oaxaca al tiempo que le advirtieron: “no dejaremos de hacer nuestra legitima labor, y no dejaremos de ser la voz crítica”.

También hicieron un llamado a todas las expresiones y luchas del movimiento social en Oaxaca, a los sindicatos democráticos, así como al pueblo en general para caminar en unidad para enfrentar la embestida del gobierno contra el movimiento social.

De igual forma, hicieron el llamado para “hacer uso legítimo de la movilización para detener estos tiempos de infortunio, en donde las fuerzas retrógradas se han apoderado de la gubernatura del estado de Oaxaca y desde ese lugar están aplicando las directrices neoliberales, traducidas en los megaproyectos extractivistas y de saqueo de los recursos naturales, la contaminación y sobreexplotación de la madre tierra, pisoteando los derechos civiles y políticos, así como los laborales y ambientales”.

Finalmente externaron su preocupación por los impactos que tendrá la Ley de Seguridad Interior, dado que abre la puerta al estado de excepción de facto, generando las condiciones favorables a una dictadura militar que sin duda impactará en el incremento descontrolado de tortura, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, violencia contra las mujeres y desapariciones forzadas, dado que está diseñada para acabar con las diversas resistencias en México.

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