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Medidas cautelares impuestas por PGR a Elba Esther Gordillo tienen fines políticos: abogado
Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo, denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) endureció las medidas cautelares y de seguridad en el edificio donde la profesora tiene que cumplir el arresto domiciliario, luego de que este jueves se prohibió el acceso de familiares, amigos y al médico particular.
Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo, denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) endureció las medidas cautelares y de seguridad en el edificio donde la profesora tiene que cumplir el arresto domiciliario, luego de que este jueves se prohibió el acceso de familiares, amigos y al médico particular.
El día de hoy la Policía Federal Ministerial instrumentó un operativo para el efecto de que no pueda accesar al inmueble ni siquiera su familia, finalmente después de hacer una serie de llamadas, pudo accesar un médico”, dijo el abogado de la exdirigente magisterial.
Agregó que, por éste motivo, solicitó la presencia de un Notario Público que dio fe de que los elementos de la Policía Federal Ministerial no permitieron el acceso al nieto, a un amigo y al médico de la profesora Elba Esther.
Denunció que se trata de un acoso político por parte de la PGR en contra de Gordillo.
Esto es causa efecto de un periodo electoral en el que nos encontramos, en donde a la maestra Gordillo se le atribuye vinculación con uno de los candidatos políticos y por consiguiente viene a sumar esta persecución que se inició a partir del inicio de este gobierno”, aseguró.
El abogado informó que este viernes habrá una audiencia en el Reclusorio Orientecon el fin de revisar las medidas cautelares que fueron establecidas por un juez desde el pasado 17 de diciembre de 2017, después de que un Tribunal autorizó el arraigo domiciliario en beneficio de la profesora por razones de salud.
Marco Antonio Del Toro señaló que denunció estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y responsabilizó al ingeniero Aarón Pereira, de la PGR, de ordenar que no se permitiera dicho acceso.
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