Amnistía Internacional celebra la creación de comisión de la verdad para caso Ayotzinapa

Amnistía Internacional aplaudió este martes el fallo de un tribunal federal mexicano que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa.

“La creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa es un precedente importante que podría (…) iniciar un cambio sustancial en la forma de investigar graves violaciones a los derechos humanos en México”, dijo el organismo en un comunicado.

“Después de cuatro años de continuos fracasos en la investigación del caso, esta decisión representa un avance importante en la búsqueda de la verdad, justicia”, declaró Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio que conmocionó a México en 2014 deberá ser revisada y puesta en manos de una comisión de la verdad, según una sentencia judicial calificada de “histórica” por familiares de los jóvenes, difundida el lunes y cuestionada ese mismo día por la fiscalía general.

Un tribunal federal con sede en el estado de Tamaulipas ordenó “reponer la investigación” sobre el llamado caso Ayotzinapa en respuesta a dos amparos de revisión solicitados por los acusados del crimen y no por los familiares de los estudiantes, detalló el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El tribunal ordenó además la creación de una Comisión de la Verdad en la que participarán representantes de los familiares, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del ministerio público federal, pero sólo los dos primeros decidirán las líneas de investigación y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales.

Un informe de la ONU difundido en marzo estableció que “hay fuertes elementos de convicción” para considerar que al menos 34 personas arrestadas por el caso fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente.

El informe señala también a elementos de la fiscalía, la policía federal y militares de la Marina como involucrados en estas violaciones que “fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas”.

La investigación oficial apuntó a que los estudiantes fueron secuestrados la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala (Guerrero, del sur de México) por policías corruptos coludidos con narcotraficantes, que fueron entregados a un cártel de drogas antagónico y sus cuerpos incinerados y los restos arrojados a un río. Se trata de una versión que tanto familiares como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaron.