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Juez ordena a PGR abrir nueva investigación por caso Tlatlaya
El Centro Prodh dijo en un comunicado que la sentencia obliga a realizar diversas diligencias que hasta ahora no se han llevado a cabo o algunas que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas.
Un juez mexicano ordenó a la Procuraduría General de la República llevar a cabo nuevas investigaciones para ayudar a esclarecer la supuesta ejecución arbitraria de 22 personas cometida por militares en 2014 (caso Tlatlaya), informó el domingo un organismo de derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) dijo en un comunicado que la sentencia obliga a realizar diversas diligencias que hasta ahora no se han llevado a cabo, de acuerdo con el juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Erik Zabalgiotia Novales, entre ellas, investigar la cadena de mando relacionada con la orden de abatir a los delincuentes.
La reciente decisión del juez se basa en que no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas, que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas, que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal, señala Prodh en el comunicado.
Además, las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos.
“Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México”, añadió el organismo, que representa a una sobreviviente de los hechos, en una bodega del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
No fue posible contactar de inmediato a portavoces del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ni de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Gobierno de México ha sido criticado por organismos de derechos humanos, locales e internacionales, por el excesivo actuar de algunos cuerpos de seguridad en su lucha contra el narcotráfico, así como por la colusión de algunos efectivos con el crimen organizado.
Sobre el caso Tlatlaya, las autoridades dijeron en su momento que los fallecidos pertenecían a bandas de traficantes de droga y que las fuerzas armadas actuaron en defensa propia, pero meses más tarde medios reportaron que había evidencia de que los civiles fueron asesinados cuando ya se habían rendido.
Fuente EL FINANCIERO
