México, primer lugar en abuso sexual infantil, según la OCDE

Hay 4.5 millones de víctimas al año

Cada año, más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, país que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene el primer lugar mundial en estos delitos.
De acuerdo con el Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, esta cifra es poco realista porque sólo es denunciado uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil: “Estas cifras hablan del grave problema que estamos viviendo a escala nacional. Los principales agresores se encuentran en el seno familiar: padres biológicos, padrastros, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos… Los abusadores sexuales están en el seno de nuestras familias”, asegura en entrevista la fundadora y directora de este colectivo, Lizzette Argüello Rocha.

El enemigo en casa
La inoperancia del sistema de justicia penal y civil ha provocado la revictimización de los niños, dice Argüello Rocha, algo que ella pudo comprobar en carne propia, ya que su hija fue abusada sexualmente a los tres años 10 meses de edad por su padre biológico.

Con la identidad resguardada de la menor con la clave A084, su caso fue radicado en la carpeta de investigación UIPJ/DXII/SF3/313/2017 de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de Coatepec, Veracruz. “Las fiscalías no tienen medios para videograbar las comparecencias, no se les asignan presupuesto. Hemos sido víctimas no sólo de nuestro agresor, sino del sistema”, sostiene.

Recuerda que el proceso por pederastia agravada contra el presupuesto agresor, Jorge Gilberto Barrios Rojo, se inició en octubre de 2017, luego de que su hija confirmó la forma en que su progenitor realizaba tocamientos, manipulaciones emocionales y abuso sexual.

Barrios Rojo fue detenido dos horas y después liberado. El caso sigue en espera de vinculación a proceso, aunque en el aspecto civil se le han programado convivencias con la niña, que ahora tiene cinco años.
“Las convivencias con su padre eran normales, hasta que me percaté de que cuando regresaba tenía patrones de conducta muy cambiantes, depresiones, se ponía agresiva. Era todo un cuadro que demostraba que no regresaba bien. Fui al ginecólogo porque tenía problemas vaginales frecuentes cada que regresaba de las convivencias.”

Afirma que la juez de control en dos horas de audiencia no permitió la vinculación a proceso: “El problema es que los actuales protocolos de vinculación son sólo herramientas y recomendaciones que se hacen para que puedan hacer las entrevistas, las cuales se recomienda sean videograbadas, pero la fiscalía no tiene medios para hacerlo”.

Comenta que en el proceso penal se ha emprendido una apelación contra la juez de control por no haber realizado el auto de vinculación a pesar de las muchas pruebas presentadas: “No nada más tenemos las declaraciones y los señalamientos directos que la niña hace con respecto al pene de su papá, que explica: se lo jala y le salen ‘gusanitos’, porque es la forma de explicarlo de una niña de cinco años. También tenemos los peritajes. Pero todo está reforzado con dictámenes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, donde hemos estado asistiendo a terapias, y también de la procuraduría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de Xalapa, Veracruz”.
Explica que la labor de integrar la carpeta de investigación ha sido “titánica” por el cambio de tres fiscales, con el agravante de que el 19 de diciembre la juez de control Ihalí Patricia Armas Márquez anuló de forma arbitraria las pruebas presentadas: “Ha argumentado erróneamente los derechos humanos de mi menor hija, al interpretar erróneamente lo que significa el interés superior del niño y el aspecto no vinculante de los protocolos de atención para invalidar nuestras pruebas y su incorrecta valoración”.

Añade: “Los estereotipos y victimización institucional que hemos sufrido en la audiencia celebrada el pasado 19 de diciembre por parte de la juez, en la cual con la argumentación de defender los derechos humanos de mi hija nos ha negado nuestro derecho de presentarnos ante la audiencia y a nuestro representante legal”.

Familiares agresores
De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes: en 30 por ciento abuelos o padrastros; 13 por ciento, tíos; 11 por ciento, padres biológicos; 10, primos; 8, vecinos; 7, maestros, y 3 por ciento, hermanos”.

A pesar de estar en el primer lugar a escala mundial en abuso sexual infantil, México tiene los presupuestos más bajos para combatir este grave problema, ya que sólo uno por ciento de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el delito de violación alcanza a mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil menores y adolescentes de 12 a 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5 mil 89 casos por cada 100 mil menores y adolescentes.

Argüello Rocha sigue luchando en los juzgados para llevar a la cárcel al agresor de su hija. Asegura que sistemáticamente llevar a los agresores ante la justicia, procesarlos y condenarlos es un calvario, aunado a la lucha civil para evitar que los agresores sigan conviviendo con la menor.
Las demandas de pérdida de patria potestad y custodia son a la vez muy complicadas, dice, mientras siguen aplicándose las convivencias en el DIF municipal: “Hemos tenido múltiples procesos de amparo a los cuales hemos tenido que recurrir para poder detener la orden de convivencias supervisadas”.

Refirió que “el acoso de nuestro agresor, aunado a la estigmatización de la sociedad hacia las víctimas de abuso sexual, nos han relegado en el plano social a vivir a escondidas y con temor a salir a la calle”.
Advierte que lo peor es que al no realizar la juez el auto de vinculación y no permitir las conveniencias supervisadas, ahora ella podría ser sometida a proceso judicial por negarse a permitir que su hija siga siendo abusada sexualmente por su padre: “Después de acudir al Tribunal Supremo y agotar las instancias nacionales, ahora estoy llevando ante la justicia internacional mi caso”.