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Comisión lleva a Fox, Calderón y Ulises a La Haya por presuntos crímenes en Oaxaca de 2006 a 2007
Entre 2006 y 2007, las autoridades federales y locales, y grupos armados ilegales cometieron detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y ejecuciones contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La justicia mexicana no reparó el daño ni sentenció a los responsables.
Mañana, la Comisión de Derechos Humanos estatal demandará ante la Corte Penal Internacional de la Haya a los ex Presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y al ex Gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz por crímenes de lesa humanidad.
Ciudad de México, 1 mayo (SinEmbargo).– Ante la falta de justicia por parte del Estado mexicano, el Ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, demandará mañana ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) al ex Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y al ex Gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz por las detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas policiacas y grupos armados ilegales durante las movilizaciones sociales de 2006 y 2007 en la entidad sureña con altos índices de pobreza.
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente universal de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales, creado el 17 de julio de 1998, con sede en La Haya, Holanda, y con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra).
El Ombudsman oaxaqueño será acompañado a las 10 horas local del jueves por Emeterio Marino Cruz (quien se mueve con dificultad), César Mateos, Germán Mendoza Nube, víctimas de detención arbitraria y tortura; Diego Enrique Osorno, periodista ex miembro de la Comisión de la Verdad de Oaxaca; y Flavio Sosa Villavicencio, vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y víctima de detención por casi dos años.
“En el caso de los desaparecidos, sus familiares siguen demandando justicia, y hay fallos de que se abran los expedientes. Pero no se sabe dónde están. Y en el caso de los que fueron torturados no se les ha reparado el daño ni fincado a los responsables”, añadió.
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