Violencia feminicida en #Oaxaca Investigar desde un enfoque de género

27 de mayo de 2019

En lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat, 305 mujeres y niñas han muerto de manera violenta.

Debido a los altos indices de violencia feminicida, la Secretaría de Gobernación emitió la resolución el 30 de agosto de 2018 en 40 municipios de Oaxaca la declaratoria de alerta por violencia de género. El mecanismo de la alerta por violencia de género son un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida.

Desde la declaratoria de alerta por violencia de género 90 mujeres y niñas han muerto de manera violenta.

A partir de la declaratoria de alerta por violencia de género se ha presentado un plan de trabajo estatal y se han integrado 37 de los 40 Consejos Municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

De acuerdo al seguimiento hemerográfico del Gesmujer Rosario Castellanos, en lo que va del año han muerto de manera violenta 56 mujeres y niñas.

El 5 de febrero del 2019 el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, durante su comparecencia en la Legislatura Local, afirmó que el estado de Oaxaca ocupa el lugar número 10 a nivel nacional en violencia feminicida, cuando en el 2017 era el número 4. ¿Cómo explicar que año con año, desde la administración del gobernador Alejandro Murat, el número de feminicidios ha ido disminuyendo, cuando hubo una tendencia similar de muertes violentas en el mismo período ?

Como se puede observar, se mantiene una violencia feminicida en Oaxaca, pero desde la administración estatal pareciera que no hay un reconocimiento del problema, porque el ocultar, tergiversar o manejar políticamente la información no permite dimensionar su gravedad.

¿Por qué es importante investigar cada muerte violenta como feminicidio?

En principio sería para castigar de acuerdo a la tipificación de un delito grave, pero con los elevados niveles de impunidad, no hace la diferencia.

Sin embargo a nivel político, presentar un mayor número de feminicidios durante la administración, se puede identificar como un criterio de falta de eficiencia en la atención hacia la violencia de género y por lo tanto aumenta la presión política.

Pero desde el punto de vista de la justicia, sí es necesario investigar cada muerte violenta como feminicidio, porque permitirá al Estado, tener un panorama más cercano a la realidad de los niveles de violencia que viven las mujeres y las niñas. Porque la violencia feminicida, es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación a sus derechos humanos tanto en el ámbito privado como público y está conformada por conductas sociales y de Estado que pueden culminar en la muerte violenta de las mujeres.

Por ello, es necesario reconocer que una a una de las 305 muertes violentas de la actual administración, es mucho más que una fría estadística, es una clara representación del valor que éste gobierno asigna a las mujeres y las niñas, pues a cada una de ellas se le violentaron derechos fundamentales a su integridad física, a la libertad, a la seguridad, derechos que el estado debe garantizar y que al no cumplir a cabalidad con su obligación, terminaron no solo con sus vidas, sino que el efecto se multiplica, pues impacta a sus familias, a su entorno inmediato y en general a toda nuestra sociedad, generando dolor, tristeza e indignación ante la impunidad.

De acuerdo con la Declaración sobre el Feminicidio del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará, por feminicidio se entiende la muerte violenta por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad o por parte de cualquier persona.

Como integrantes de la sociedad civil organizada, insistimos en la necesidad de que cada muerte violenta se investigue, por principio como feminicidio y que atendiendo a un protocolo con perspectiva de género se analicen las circunstancias que llevaron a la muerte violenta de mujeres y niñas.

En lo que va del año 91% de los casos de muertes violentas se desconoce al agresor

De acuerdo al seguimiento hemerográfico del Gesmujer en lo que va del año han muerto de manera violenta 56 mujeres y niñas, de las cuales en el 91% de los casos, se desconoce quién o quiénes fueron los agresores.

Uno de los criterios que es importante tomar en cuenta en la investigación son las conductas previas del agresor, a fin de saber si el acto se cometió por el odio hacia la mujer o por considerarla como posesión (como objeto que pertenece al hombre) o por considerar a la mujer como objeto (como “cosa” que puede ser usada por los hombres de la manera que decidan). De ahí la importancia de que el proceso se inicie desde una perspectiva de género y que una investigación profesional impida que acciones u omisiones obstaculicen que se determine como feminicidio. Si se carece de información del contexto y de antecedentes que establezcan vínculos o motivos, no se puede clasificar simplemente como una muerte violenta.

En lo que va del año 75% de los casos de muertes violentas se realizaron con armas de fuego

Nuestra insistencia de investigar toda muerte violenta como feminicidio se basa en la necesidad de visibilizar las condiciones de desigualdad y discriminación que enfrenta la población femenina, que se cruza con pobreza, origen étnico, orientación sexual, así como exclusión de los sistemas educativos y laborales.

En el año, los casos de mujeres que han sido asesinadas de manera violenta por armas de fuego, enfrentan además el discurso cargado de prejuicios de que “se encontraban ligadas al narcotráfico, o al ejercicio del trabajo sexual, al ser asesinadas en bares o moteles” cuando en realidad puede estar asociada a los altos niveles de pobreza y exclusión que viven las mujeres en Oaxaca.

Contabilizando las 56 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta, en 42 de los casos, fueron con armas de fuego, lo que significa que son las mujeres quienes están pagando con su vida los costos de una omisión grave en cuanto al control y uso de armas de fuego en Oaxaca, elemento que debe también ser considerado dentro de las políticas de atención a la violencia hacia las mujeres.

De hecho dentro del modelo de atención a la violencia, uno de los criterios para identificar un caso como de alto riesgo, lo constituye la presencia de armas de fuego en el hogar, así como la convivencia con hombres que usan armas como parte de su trabajo.

De acuerdo a la tipificación del delito en Oaxaca, se “impondrán hasta dos tercios más de la pena cuando el criminal se encuentre en servicio o se haya desempeñado dentro de los cinco años anteriores a la comisión del delito como servidor público integrante de las corporaciones de seguridad pública, de las instituciones de procuración e impartición de justicia o de las fuerzas armadas”.

En lo que va del año 32% de los casos de muertes violentas han ocurrido en la región del Istmo

Investigar desde una perspectiva de género implica hacer visible lo que queda invisibilizado en un entorno de violencia comunitaria.

Cabe mencionar que en la declaratoria por alerta de violencia de género, se recomienda a los municipios la realización de un estudio que permita identificar los efectos de las dinámicas de la delincuencia organizada en la violencia contra las mujeres, así como definir estrategias para su prevención . En este caso, la región del Istmo presentó el mayor indide de asesinatos violentos de mujeres, por lo que es necesario identificar las condiciones del entorno político, comunitario o de incidencia delictiva, para entender del por qué de estos asesinatos violentos y actuar en consecuencia. Otra situación que es preocupante y que muestra la falta de voluntad política de las autoridades es que justamente en San Juan Guichicovi y Santo Domingo Tehuantepec, ambos pertenecientes al Istmo, no han instalado sus Consejos Municipales.

En lo que va del año 54% de las muertes violentas se dieron entre niñas y mujeres de 15 a 44 años

En la etapa productiva y reproductiva, se dieron los mayores niveles de violencia feminicida, lo que significa que se truncaron oportunidades para el desarrollo de nuestro estado, mujeres jóvenes con capacidad de trabajar y aportar a sus familias y a su comunidad. Mujeres en edad reproductiva que dejan a hijas e hijos huérfanos, quienes a su vez serán una responsabilidad de abuelas y abuelos, con altas probabilidades de reproducir el ciclo de la pobreza.

Las muertes violentas de mujeres suelen ser la consecuencia de diversas manifestaciones de violencia previa, la cual puede manifestarse como violencia física, sexual, psicológica, económica y/o patrimonial. Por ejemplo, golpes, amenazas, celos, etc. pero nuevamente se requiere investigar la identidad del agresor y las circunstancias previas a la muerte.

Otros elementos que se consideran en la tipificación del delito en Oaxaca, son que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, y que el crimen se cometa por desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o misoginia. De tal manera que si alguna mujer ha sido incomunicada o privada de la libertad y posteriormente es encontrada muerta, debe ser investigado como delito de feminicidio.

En lo que va del año 3 mujeres entre 15 y 29 años se suicidaron

Un criterio más que consideramos necesario incluir dentro de las investigaciones sobre muertes violentas son los casos de suicidios. Aún y cuando no están incluidos en las estadísticas de muertes violentas que el gesmujer “Rosario Castellanos” hace públicas, sí se lleva un registro de los mismos, debido a que un porcentaje elevado de mujeres que viven situaciones de violencia de género, han considerado alguna vez el suicidio como una forma de escapar a su situación y de ellas un porcentaje menor sí lo han intentado.

Medidas de seguridad

Uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres que viven situaciones de violencia, es la falta de atención por parte de la policía, aún en situaciones de emergencia, cuando están sucediendo los hechos. Esta primera actuación es determinante, porque representa la posibilidad de confiar o no en la justicia, si ésta no acude o carece de una actuación profesional, incrementa el nivel de riesgo de sufrir una muerte violenta.

Es necesario contar con un mapeo que permita identificar los niveles y gravedad de violencia sexual, violencia familiar, de la emisión de ordenes de protección y de los casos de niñas y mujeres desaparecidas. Lo que significa que hay indicios que pueden predecir el nivel de riesgo de sufrir una muerte violenta y es ahí donde urge una actuación profesional, oportuna y estratégica.

En Oaxaca existe un grave problema de embarazo adolescente, incluyendo en menores de 15 años, por lo que los sistemas de justicia y de salud deben tener una estrategia enfocada en la identificación de todas las formas de violencia, especialmente la violencia sexual, por ser un factor de alto riesgo para la seguridad y la vida de las niñas, donde el embarazo temprano puede ser una señal de peligro.

De tal manera que contar con una policía debidamente formada para dar atención con una perspectiva de género, con capacidad para informar, canalizar y dar certeza de seguridad, es el eslabón primario para garantizar la vida. Una identificación y seguimiento puntual de aquellos casos de alto riesgo de violencia y de los casos que cuentan con órdenes de protección y la búsqueda inmediata de niñas y mujeres desaparecidas, así como poner atención a los embarazos tempranos, principalmente de menores de 15 años, son actuaciones estratégicas para prevenir el riesgo del feminicidio en Oaxaca.

Como organización de la sociedad civil, consideramos importante recalcar que aunque se declararon 40 municipios en todo el estado con alerta por violencia de género, se debe seguir implementando y fortaleciendo el plan estatal de prevención, atención sancion y erradicación de la violencia de género y contra las mujeres.

La forma extrema de violencia de género contra las mujeres es la violencia feminicida, por ello, si bien es urgente avanzar en el reconocimiento de la problemática, investigando cada caso desde una perspectiva de género, paralelamente se deben reforzar las acciones para la prevención de la violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas tanto en el ámbito privado como público.

Reconocemos que la problemática es compleja, pero una asignación de recursos suficientes y oportunos, una capacitación en perspectiva de género y una voluntad política clara, son indispensables para garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las niñas y las mujeres de Oaxaca.