Lula necesita al mundo para salvar la Amazonia

 Por Heriberto Araujo

Luiz Inácio Lula da Silva tomó posesión como presidente de Brasil el domingo y, justo después de su juramentación, comenzó oficialmente la carrera para afrontar uno de los problemas más apremiantes del país: frenar la destrucción de la selva amazónica, que se encuentra más cerca que nunca del punto de no retorno del que llevan alertando los expertos desde hace años.

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Proteger la selva tropical —una de las promesas de Lula durante la campaña— acaso sea el reto más importante de su tercer mandato como líder de Brasil. Será una tarea extremadamente compleja, y por ello Lula necesitará la ayuda de la comunidad internacional. Es crucial que haga frente a criminales medioambientales como madereros, mineros y acaparadores de tierras (grileiros). También que teja alianzas tanto con un Congreso fragmentado como con la élite rural del país, una parte de la cual sigue cuestionando los compromisos climáticos de Brasil.

Muchas cosas han cambiado en la región desde el primer mandato de Lula. En la selva tropical más grande del mundo, el enemigo ya no es el mismo que durante las décadas de 1990 y 2000, cuando aventureros y rancheros se instalaban en la región, destruían la selva, sobornaban a las autoridades locales y falsificaban escrituras para reclamar tierras de propiedad pública. Hoy, Lula tendrá que lidiar con redes criminales violentas y pujantes que recurren al fraude para introducir en las cadenas globales de suministro productos manchados por prácticas ilegales.

En gran medida, la situación de destrucción actual en la Amazonía es herencia del presidente saliente, Jair Bolsonaro, quien desde que asumió el cargo en 2019 debilitó la protección medioambiental e incluso instó públicamente a abrir las tierras indígenas a la explotación comercial. En consecuencia, las tasas de deforestación anual aumentaron en promedio un 60 por ciento durante su presidencia en comparación con los cuatro años anteriores. Algunas partes de la selva emiten hoy más dióxido de carbono del que absorben.

El gobierno entrante ha dado señales de que derogará las políticas que expandieron la extracción de oro en la Amazonía, un gran problema en las tierras indígenas, y de que se restituirá el sistema de multas ambientales, una importante medida que desincentiva las malas prácticas. Lula también planea fortalecer los órganos federales encargados de proteger la selva, mientras sus ministros han anunciado la creación de una unidad federal policial para investigar a las sofisticadas bandas criminales responsables de la depredación de los recursos naturales.

El nuevo gobierno también reactivará el Fondo Amazonía, un programa de conservación que ha sido crucial para frenar la deforestación pero que fue congelado en 2019. El fondo dispone de 600 millones de dólares que pueden utilizarse para financiar a la principal agencia de protección ambiental del país, el Instituto Brasileño de Medioambiente y Recursos Naturales Renovables, y a otros entes federales y estatales.