335 disputas indígenas; viven conflictos en 29 estados

– De acuerdo con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, los principales desacuerdos son por proyectos mineros y de la tenencia de la tierra; Chiapas encabeza la lista con 63, y Aguascalientes, Tamaulipas y NL están exentos

– En Oaxaca, comuneros de los poblados San Pedro El Alto, agencia municipal de Zimatlán de Álvarez, y Santiago Textitlán, municipio Villa Sola de Vega, se disputan la posesión de 2 mil 239 hectáreas de bosques.

Infografía: Cristina Medrano/Fuente: Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (CDPI)

Actualmente en 29 estados de México hay 335 conflictos indígenas activos y sin resolver. Aguascalientes, Tamaulipas y Nuevo León, no tienen este tipo de problemas. Chiapas concentra el mayor número de disputas con 63. La tenencia de la tierra y los proyectos mineros, son los principales desacuerdos, hay 50 y 43 de cada uno. En Sonora está el caso más antiguo, de 1928, según el recuento de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (CDPI).

En un documento de 174 folios, del cual Excélsior tiene copia, la CDPI, dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), presenta un mapa con la ubicación de estos 335 conflictos y su catálogo:

Agrario (50); proyectos mineros (45); político- social (30); proyectos de infraestructura (28); programas y servicios gubernamentales (28); proyectos hidráulicos (26); derechos indígenas (23); seguridad y justicia (21); medio ambiente (20); proyectos carreteros (16); proyectos de desarrollo inmobiliario (12), entre otros.

Hace 24 años, por estos días, México vivió el inicio de un conflicto armado, fundamentalmente estructurado por distintos pueblos indígenas de Chiapas y concentrados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que no ha retirado su declaración de guerra, ni ha firmado un acuerdo de paz. Además de las demandas políticas, como centro, el levantamiento dejó ver con absoluta claridad la situación socio-económica de los pueblos y las comunidades de esa entidad, que aún subyacen y es parte de este diagnóstico oficial, en municipios de la zona de Los Altos, Selva, donde el grupo armado tiene presencia y donde funcionan desde diciembre de 1994 38 municipios autónomos.

En el documento titulado Conflictos Indígenas en México, la CDPI subraya que los temas de conflicto más frecuentes en territorios con población indígena están relacionados con los desarrollos de proyectos mineros y los agrarios, lo cual, dice el documento, “tiene relación directa con la violación del derecho al territorio y disfrute de los recursos naturales”.

En tercer lugar del compendio presentado por la dependencia oficial se encuentra el reclamo por salir del nivel de marginación de las comunidades que solicitan la presencia de programas y servicios gubernamentales, en cifras similares conflictos que se relacionan con el derecho a la autodeterminación, usos y costumbres tiene su relevancia en la frecuencia que se encuentran, entre otros sobresalientes están las afectaciones por proyectos de infraestructura, proyectos hidráulicos y de seguridad y justicia.

En el caso particular de Chiapas, el estado con 63 conflictos indígenas, 18 son de orden agrario; 16 político social y siete religiosos, entre otros.

Los 43 conflictos por temas de minería están en Oaxaca ocho, igual que en Puebla; Guerrero, siete; Jalisco y San Luis Potosí con tres cada uno; Colima, Guanajuato y Chiapas, dos por estado; y Chihuahua, Coahuila, Durango,  Michoacán, Morelos, Querétaro y Zacatecas con un problema en cada entidad.

SURGEN EN 1928

De acuerdo con la recopilación de información de la CDPI, el conflicto más antiguo se remonta a 1928.

Indígenas Tohono O’odham de Sonora, ubicados en los municipios de Caborca, Sáric, Altar y Plutarco Elías Calles, demandan el reconocimiento y titulación del territorio que les pertenece, y se oponen a la construcción de un muro fronterizo con Estados Unidos, al señalar que dividiría las tierras ancestrales de esta etnia binacional que tiene de ambos lados sitios significativos de su identidad cultural, además de afectar el ecosistema de la zona.

En 1928 un decreto del presidente Plutarco Elías Calles constituyó el ejido Congregación del Pozo Verde, con el que se confirmaron los derechos a los pápagos sobre 2.8 hectáreas. Sin embargo, una serie de decretos en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés, puso a disposición de la Comisión Nacional de colonización la tierra que ocupaba la etnia Tohono O’odham. Este territorio fue repartido a propietarios particulares.

En agosto de 2016, representantes de los pápagos solicitaron la intervención de la Sedatu y la CDI para buscar una solución al conflicto de tierras, sin que hasta la fecha se tengan resultados.

Un ejemplo de los problemas en el estado de Guerrero es el que protagonizan indígenas nahuas de San Miguel Tecuiziapan y de San Agustín Oapan, municipio de Tepecoacuilco, mantienen una disputa por 3 mil 130 hectáreas desde 1949, lo que ha derivado en enfrentamientos, retenciones y siete personas muertas. En abril de 2014, el Tribunal Unitario Agrario en Iguala falló a favor de San Agustín Oapan, sin embargo los de Tecuiziapan decidieron ocupar 700 hectáreas, señalando que no entregarán sus tierras.

En Jalisco, uno de los problemas está en la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, demanda la restitución de 10 mil hectáreas invadidas por pobladores de Huajimic, municipio La Yesca, Nayarit. En 1953 una resolución presidencial otorgó 240 mil hectáreas a los wixárikas, en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco. En 2009 se detuvo el procedimiento judicial para buscar una solución negociada a través del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) de la Sedatu. Los representantes indígenas solicitaron la intervención de la Segob para que se ejecuten las sentencias que ordenan la restitución de tierras.

Para esto, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México atendió en agosto de 2014 a representantes de la comunidad wixárika y se instaló una mesa interinstitucional. Se realizaron de agosto de 2014 a febrero de 2015, reuniones con representantes de la Segob, Sedatu, de los gobiernos de Jalisco y Nayarit, y del Tribunal Unitario Agrario XVI, para reintegrar las tierras a la comunidad, atendiendo las resoluciones judiciales. La CDPIM sostuvo reuniones con la Sedatu para elaborar la ruta de atención a la problemática agraria presentada y mantener el diálogo permanente con los representantes indígenas huicholes. La Sedatu informó que en lo que restaba de 2015, iniciaría el proceso para la restitución del territorio a favor de la comunidad wixárika, en atención a las resoluciones judiciales.

En Oaxaca, comuneros de los poblados San Pedro El Alto, agencia municipal de Zimatlán de Álvarez, y Santiago Textitlán, municipio Villa Sola de Vega, se disputan la posesión de 2 mil 239 hectáreas de bosques. Los pobladores de San Pedro El Alto argumentan que mediante una resolución presidencial de 1954, se les dotó de esas tierras, sin embargo las autoridades de Santiago Textitlán señalan que tienen un título de posesión de 1719, y que por lo tanto, no están invadiendo las tierras, sino intentándolas recuperar, ya que la resolución carece de actas de conformidad de esa localidad y de comunidades circunvecinas con quienes no se firmó ningún convenio, por lo que han iniciado una lucha jurídica por la defensa de sus tierras. Este conflicto ha generado enfrentamientos, amenazas, corte de servicios públicos y de accesos viales, retenciones de funcionarios, heridos y muertos. El gobierno estatal busca establecer una mesa de atención para ofrecer una solución negociada al litigio.

También en Oaxaca se protagoniza otro conflicto agrario entre indígenas de las comunidades Santa María del Mar, municipio de Juchitán, y San  Mateo  del  Mar, municipio del mismo nombre, por  la  posesión  de  mil 361 hectáreas  de  cultivo,  exigen  a  las autoridades agrarias dar certidumbre en la tenencia de la tierra.

Derivado de este asunto, San Mateo del Mar bloqueó el único camino terrestre que comunica a Santa María del Mar, así como le cortó el suministro de energía eléctrica.

Indígenas de Santa María del Mar señalan que en agosto de 1984 el Presidente de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento y titulación de 3 mil 773 hectáreas como bienes comunales de esa localidad.

REGRESA LA TENSIÓN

Uno de los conflictos que datan de 1973 y que se reactivó en octubre de 2017, es el relacionado con la disputa agraria entre pobladores de Chenalhó y Chalchihuitán, del estado de Chiapas.

Se trata de un deslinde que hizo la Reforma Agraria de 364 hectáreas hace 45 años y de las cuales el 80% las ha trabajado históricamente la gente de Chenalhó.

El pasado 12 de diciembre, el Tribunal Agrario emitió una sentencia  a favor de los campesinos de Chenalhó, lo cual no fue suficiente para desactivar la tensión que se originó entre ambos municipios y que dejó como consecuencia miles de personas desplazadas de sus comunidades, que buscaron refugio en las montañas, ocasionando muertes entre niños, principalmente, aunque el gobierno del estado entregó ayuda humanitaria.

En el Estado de México, que tiene 16 conflictos indígenas, según la tabla de la CDPI, uno que está directamente relacionado con la infraestructura se libra en el municipio de Ocoyoacac.

Ahí, la comunidad indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca, denunció actos de corrupción de las instituciones encargadas de la construcción del tren México-Toluca, la cual afecta 32 hectáreas de la comunidad.

En su denuncia indicaron que dicha obra sigue en construcción a pesar de que las instituciones federales y estatales no tienen los permisos necesarios para llevarla a cabo. Señalaron que el proceso para el proyecto ha tenido diversas irregularidades, entre las que destacan el pago personalizado a un comisariado ejidal no reconocido por la comunidad, con la finalidad de obtener un permiso no válido para la construcción de la obra.

Agregaron que en febrero de 2015 presentaron una demanda constitucional para frenar la construcción ilegal del tren, el cual aún no tiene los permisos que debe otorgar y pagar a la comunidad para continuar la obra. El recurso está en el juzgado segundo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México.

La Ciudad de México también tiene problemática indígena. En la capital del país, la CDPI tiene un registro de cinco conflictos, dos en Milpa Alta, y los otros en Xochimilco, Iztapalapa y Álvaro Obregón.

El más significativo, en todo caso está en Xochimilco. Ahí, Indígenas de Santa Cruz Xochitepec se oponen a la construcción de un club hípico, denominado Tepepan Country Club.

Señalan que este proyecto pone en riesgo los usos y costumbres de los pueblos originarios, su patrimonio cultural y ambiental, y que las autoridades deben consultarlos a fin de obtener su consentimiento libre e informado, de acuerdo con lo establecido en el convenio 169 de la OIT.

Por lo cual interpusieron recursos legales. En junio de 2015, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa les negó un amparo por no reconocerlos como un pueblo originario, de acuerdo a las argumentaciones de los magistrados de que no hablan una lengua indígena, ni visten como tal.

Según han dicho, buscarán llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

DOCUMENTACIÓN

De acuerdo con la CDPIM, los 335 conflictos que involucran pueblos y comunidades indígenas, se han podido documentar gracias al proceso de registro que comienza con una revisión exhaustiva en los medios de comunicación impresos y los contenidos de diferentes páginas web de difusión de noticias.

“Esta información –señala el documento–, se comparte en toda la unidad vía correo electrónico y redes sociales mediante un documento denominado “Síntesis Informativa”, la validación de la información se va dando con el seguimiento de la información que se va concentrando en formatos de archivo los cuales llevan una línea temporal de cada evento del conflicto, a partir de este último procedimiento se elabora una base de datos estatal con la información geográfica necesaria para su ubicación, a su vez esta base de datos alimenta  un software específico para la representación gráfica (mapas) de los conflictos; por último se elabora una descripción socioeconómica de los lugares de cada conflicto con la finalidad de tener clara la situación que prevalece en la zona.

Para hacer la clasificación de los conflictos se comienza por definir el tema central del conflicto y los derechos que están siendo violentados, siguiendo el procedimiento.

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