Juez ordena liberar a coacusados señalados como operadores financieros de Elba Esther Gordillo

Pese a la resolución de la juez que los absolvió de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, no quedarán en libertad de inmediato ya que tienen en curso varios procesos por el delito de defraudación fiscal.

Una jueza federal ordenó la inmediata libertad de Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el juicio que se le siguió a Elba Esther Gordillo.

Ambos fueron señalados por la Procuraduría General de la República como operadores financieros de Gordillo.

Pese a la resolución de Xucotzin Karla Montes Ortega, Jueza Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, no quedarán en libertad de inmediato ya que tienen en curso varios procesos por el delito de defraudación fiscal.

Para que puedan abandonar el Reclusorio Oriente, es necesario que sus defensores soliciten y consigan llevar esos juicios en libertad provisional.

Según los antecedentes del caso, contra Gallardo están pendientes otros dos juicios por defraudación fiscal por 38 millones 6 mil 162 pesos y 14 millones 444 mil 501 pesos.

En tanto, contra Díaz Flores se instruyen otros tres juicios por fraude fiscal que asciende a 39 millones 51 mil 652 pesos; 15 millones 896 mil 677 pesos y 245 mil 180 pesos, respectivamente.

De acuerdo con la acusación de la PGR, Elba Esther se benefició con mil 978 millones de pesos, a través de las transferencias financieras que llevaron a cabo tres personas cercanas a ella.

La jueza Montes Ortega concluyó que no había elementos que permitieran continuar con el proceso de los acusados, con los mismos argumentos con los que la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recuperó su libertad, el pasado 7 de agosto.

Es decir, aplicó el mismo criterio que el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, quien sostuvo que los recursos que les imputaron haber lavado a Gordillo en realidad no eran de origen ilícito, en virtud de que fueron autorizados legalmente por el SNTE.

Además, porque la información bancaria con la que fueron acusados, la PGR la obtuvo sin una orden judicial, en contravención con un criterio de la Suprema Corte de la Nación.

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Al ser ilícitas las pruebas del delito de lavado y ser legal el origen del dinero, no podía darse el delito de delincuencia organizada, motivo por el que primero Elba y ahora sus coacusados han quedado en libertad.

La única persona que aún no consigue la cancelación del proceso por delincuencia organizada y lavado es Nora Ugarte Ramírez, quien tiene la calidad de testigo protegido y se encuentra presa en el Penal Federal Femenil de Morelos.

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