Protestas en Perú: qué está pasando en el sur del país y por qué se convirtió en el epicentro de los violentos disturbios contra el nuevo gobierno

El sur de Perú sigue en estado de agitación.

Aunque las protestas posteriores a la destitución de Pedro Castillo -tras su intento de disolver el Congreso el pasado diciembre- han amainado en gran parte del país, las regiones sureñas de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno son el escenario constante de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos.

El gobierno decretó el estado de emergencia, pero la violencia continúa.

En el último episodio, al menos 17 personas murieron y 68 resultaron heridas en los choques que se produjeron entre policías y manifestantes en torno al aeropuerto de Juliaca, en el departamento de Puno, lo que acerca al medio centenar la cifra de muertos desde que comenzaron las protestas.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria de elecciones inmediatas y la liberación del expresidente Castillo.

“Desde el gobierno no estamos generando la violencia y la muestra de ello es que en Puno hay policías que están heridos”, declaró Boluarte.

Su gobierno decretó el martes el toque de queda entre las 8pm y las 4am en Puno durante los próximos tres días.

Para el analista arequipeño Gonzalo Banda, “los muertos que hemos visto en Puno en las últimas horas pueden ser un disparador para una mayor radicalidad de las protestas”, lo que complicaría aún más el ya candente panorama peruano.

¿Qué ha convertido al sur de Perú en un polvorín y en el epicentro de la crisis en el país?

Identificación con Castillo

Las regiones de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno forman la llamada sierra sur de Perú y en ellas abunda la población quechuahablante, de extracción humilde y dedicada mayoritariamente a la agricultura, que vio en la llegada a la presidencia de Pedro Castillo el ascenso al poder central de uno de los suyos.

Hernán Chaparro, director del Instituto de Estudios Peruanos, le dijo a BBC Mundo que “son regiones en las que Castillo obtuvo una alta votación y hubo una gran identificación con un presidente que por primera vez era un campesino”.

Chaparro explica que con el tiempo, a medida que las investigaciones e informaciones en su contra se acumulaban, “se impuso en gran parte de su electorado en estas regiones la idea de que a Castillo no lo dejaban gobernar, una idea que vieron confirmada cuando el Congreso votó por su vacancia”.

El experto subraya que “mientras en Lima se reprochaba a Castillo la mala gestión y la sombra de la corrupción, en estas regiones el reproche era que no había convocado una asamblea constituyente ni cumplido otras promesas radicales que hizo en la campaña electoral”.

Agenda postergada y racismo

Chaparro recuerda que el sur del país “es la región donde en general ha habido más oposición al centralismo limeño”.

Esto puede rastrearse hasta episodios tan lejanos como el intento en el siglo XIX de unir a Perú y Bolivia en una Confederación Peruano-Boliviana.

Pero existen otros antecedentes históricos más recientes como el “Arequipazo”, las protestas en Arequipa que en 2002 frustraron el intento del gobierno de Alejandro Toledo de privatizar dos empresas públicas de energía; o el “Aimarazo”, las protestas de la población aimara que estallaron en 2011 contra las concesiones mineras del gobierno de Alan García a empresas canadienses.

Para Gonzalo Banda, la historia demuestra que “los intentos más serios de poner en cuestión al estado peruano y los planes de la élite limeña llegaron desde el sur”.

Y cree que hay razones para ello.

“El Estado nunca ha invertido lo suficiente en el sur, ni en escuelas, ni en hospitales ni en ninguna otra obra pública. Pese a que todos los gobiernos han hecho promesas, nunca se cumplieron y hay toda una agenda postergada con respecto al sur”.

La flaqueza del Estado contrasta con la amplia presencia de compañías extranjeras que explotan las riquezas minerales que abundan en el Perú meridional.

“Han mejorado muchos indicadores y ha habido mejoras en los ingresos, pero no se ha avanzado en institucionalidad. Se ve que sale mucha riqueza y sigue sin haber suficientes escuelas u hospitales”, indica Banda en conversación con BBC Mundo.

Chaparro señala que el problema “tiene raíces históricas diversas, con toda una cultura andina que en Perú no está bien integrada y que sufre el racismo inmenso que hay en el país. En el sur se sienten excluidos y con derecho a un mayor reconocimiento”.

En ese contexto, pudo tener eco el lema de campaña de Castillo de “no más pobres en un país rico”.

El precio de la corrupción

Pero la falta de interés o de recursos del Estado y de los grupos dirigentes no son la única explicación a tanto descontento en el sur peruano.

Sus ciudadanos sufren también la incapacidad de sus autoridades regionales, que se traduce en el abandono de los servicios públicos o la falta de inversión en ellos.

En noviembre de 2022, varios gobiernos regionales habían ejecutado menos de la mitad del presupuesto asignado para todo el año.

Banda indica que “la corrupción es generalizada a nivel de los gobiernos regionales y las alcaldías”, a lo que se suma a menudo la falta de preparación de los empleados públicos.

El analista cree que la imposibilidad de la reelección de alcaldes y gobernadores en Perú es una de las razones principales para la falta de probidad de los cargos públicos en Perú y especialmente en el sur del país, ya que “los dirigentes locales no tienen alicientes para cumplir la ley ni desarrollar una carrera política a largo plazo”.

Y si la informalidad es la tónica dominante en gran parte de la economía peruana, lo es más en algunos territorios sureños, donde la minería ilegal, el contrabando y el transporte irregular son las actividades principales.

Banda afirma que “quienes se dedican a ellas no reciben nada del Estado y son algunos de los colectivos que se han sumado a las protestas de los últimos días”.

A eso se añade la acción de lo que Chaparro llama “operadores políticos radicales” que agitan las aguas del descontento en busca de abrir paso a sus propuestas.

“Desde el sur antes había una demanda de ser escuchados; ahora por primera vez se está hablando de romper definitivamente con Lima”, señala.

Para Banda, la lección está clara. “La reforma pendiente de la descentralización en el país nunca se llevó a cabo y ahora nos estalla en la cara”.

El caso de Puno

Los 12 muertos en la ciudad de Juliaca han puesto el foco en Puno, el departamento limítrofe con Bolivia, donde se ha registrado una mayor conflictividad en los últimos días.

Puno es la region del lago Titicaca y se caracteriza por su gran riqueza mineral y por la gran presencia de población aimara, que comparte estrechos vínculos con sus vecinos bolivianos.

Chaparro explica que “Puno siempre ha tenido una identidad un poco diferente dentro del mundo de la sierra, por su componente aimara y por su conexión con Bolivia”.

Ha sido precisamente en Puno donde activistas locales han lanzado una de las propuestas más inusitadas en las últimas semanas de protesta: crear una república independiente en el sur de Perú.

En Puno han estado muy activos el expresidente boliviano Evo Morales y algunos de sus colaboradores en el gobierno, que han visitado la región repetidas veces para promover lo que llaman “proceso de descolonización”.

Morales se ha referido con frecuencia a la crisis política peruana y ha tomado partido por el destituido Castillo y los manifestantes.

Pero sus actividades han sido vistas por sectores políticos en Perú como una injerencia y como agitación del radicalismo en Puno. Este lunes, la Superintendencia Nacional de Migraciones prohibió la entrada al país a Morales y a otros 8 ciudadanos bolivianos porque “ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista”.

Morales insiste en denunciar lo que considera discriminación a los peruanos indígenas y en promover una asamblea constituyente.

La sangrienta jornada de ayer complica en cualquier caso el panorama.

Y ya han surgido voces que exigen a la presidenta Boluarte una explicación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad e, incluso, las que insisten con su renuncia.