A 20 años de la masacre de Acteal, “justicia del gobierno mexicano es una falacia”: sobrevivientes

Foto: Xinhua / René Arauxo

ACTEAL, Chenalhó (apro).- A 20 años de la masacre de 45 hombres, niños, ancianos y mujeres, cuatro de ellas embarazadas, ninguna persona se encuentra en prisión y nadie es investigado, lamentaron amigos, familiares y sobrevivientes del ataque perpetrado el 22 de diciembre de 1997.

Todos ellos se dieron cita este viernes para recordar a los indígenas tzotziles, miembros del grupo civil Las Abejas, que fueron ejecutados a balazos y machetazos. El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, encabezó la ceremonia religiosa.

Quienes lograron salvar la vida aquel funesto día, luego de correr durante horas y esconderse entre la montaña, tienen grabada en la memoria aquella trágica escena en la que hombres encapuchados arribaron a esta comunidad con fusiles de asalto y masacraron a quienes se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia cristiana pentecostal.

En el lugar donde se cometió el multihomicidio se encuentra ahora un gran santuario con cruces y fotografías, donde los visitantes elevaron sus plegarias en el marco de la conmemoración de los 20 años de la masacre de Acteal y 25 de lucha y organización de Las Abejas.

Los sobrevivientes recordaron que aquel 22 de diciembre paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó, financiados, entrenados, armados y protegidos por los gobiernos estatal y federal, durante la instrumentación del Plan de Campaña Chiapas 94 –administrado por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León–, “masacraron con saña, premeditación y alevosía a 45 hermanas y hermanos nuestros, más cuatro hermanitos y hermanitas nuestras”.

Subrayaron: “En este marco de la conmemoración de los 20 años de la masacre de Acteal nos encontramos con la noticia de que el mal gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho una ley anticonstitucional para que su Ejército federal pueda seguir cometiendo, ahora ‘legalmente’, graves violaciones a derechos humanos. A este gobierno criminal no le bastó legalizar su despojo de nuestras tierras y territorios con sus reformas estructurales”.

De acuerdo con miembros de la organización Las Abejas, con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, “el mal gobierno confirma su guerra de exterminio en contra de los pueblos indígenas y no indígenas, como lo aplicó en Acteal”.

Esa masacre, subrayaron, fue en contra de un pueblo tzotzil, pacífico y organizado, y el Estado mexicano, a través de sus paramilitares, los quería exterminar, acabar con la semilla de su cultura de paz y de autonomía.

“A nosotras, las mujeres sobrevivientes, nos sigue doliendo y nunca olvidaremos a las mujeres embarazadas que les fueron abiertos sus vientres, sacándoles a sus bebés como un mensaje de querer acabar con la semilla. Porque las mujeres somos dadoras de vida, somos las que traemos al mundo nuevas generaciones para que los ciclos de vida continúen, por eso murieron más mujeres, niñas y niños”, dijo Guadalupe Vázquez Luna.

Destacó que cuando recuerdan lo que pasó el 22 de diciembre de 1997, “recordamos nuestra experiencia de horror y desesperación por estar siendo cazadas literalmente durante casi siete horas; nos duele al contar todo esto, porque es como si hubiera ocurrido ayer ese infierno”.

Prosiguió: “Hoy reafirmamos que el sistema de justicia mexicano ya está caducado. Por eso nosotros, como pueblos, nos hemos propuesto construir una justicia digna y duradera. Por otra parte, esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie por la responsabilidad del Estado mexicano ante este crimen de lesa humanidad.

“Reafirmamos que nuestra lucha seguirá siendo pacífica y comprometida en la defensa de la vida y de la Madre Tierra, sabiendo que no estamos solos”.

Finalmente agradeció a los pueblos del Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) por permitirles caminar con ellos y ser parte “de esta gran causa común” en donde se sienten protegidos por los mismos pueblos.

“Desde Acteal, saludamos y pedimos que siga caminando y haciéndose más fuerte el CIG y su vocera María de Jesús Patricio Martínez. Porque ha llegado el tiempo del florecimiento de los pueblos, de construir su propio gobierno, y en este caso su propia justicia digna y humanizada”.

Tras la muerte de 45 tzotziles, 88 indígenas, policías estatales y militares retirados fueron encarcelados y tiempo después liberados. Ahora nadie se encuentra preso, todos están libres, nadie es investigado y para nadie hay órdenes de aprehensión. Las 45 muertes siguen impunes, subrayaron los participantes en la conmemoración.

Y señalaron como culpables de los hechos a Ernesto Zedillo; Emilio Chuayffet Chemor, exsecretario de Gobernación; Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional; Julio César Ruiz Ferro, exgobernador de Chiapas; Mario Renán Castillo, excomandante de la Séptima Región Militar en Rancho Nuevo, Chiapas; Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín Gálvez, exsecretario y exsubsecretario de Gobierno de Chiapas, respectivamente; Jorge Enrique Hernández Aguilar, exdirector de Seguridad Pública en el estado, y David Gómez Hernández, exsubprocurador de Justicia Indígena.

“Durante estos largos 20 años del crimen de Estado, llamado masacre de Acteal, constatamos que la justicia del gobierno mexicano es una falacia que genera un dolor profundo, que perfora la vida y paraliza a los pueblos en el país”, resaltó una de las mujeres indígenas que leyó el pronunciamiento de los sobrevivientes.

“Son 20 años que carcome el tiempo, 20 años de una obscura impunidad que quema el pensamiento; pero cuando el dolor y la dignidad se juntan, producen organización y solidaridad, un corazón que resiste, lucha y construye”.

De igual manera, dieron a conocer que ante instancias nacionales e internacionales han denunciado y demostrado la responsabilidad del Estado mexicano como el creador, formador y financiador de grupos paramilitares en el marco del conflicto armado interno no resuelto.

También la estrategia de contrainsurgencia con base en el Plan de Campaña Chiapas 94, elaborado por Secretaría de la Defensa Nacional, que ha repercutido en la militarización e impactos psicosociales en las comunidades, consistentes en traumas que se expanden por el terror de Estado.

“Ahora las Fuerzas Armadas tienen su Ley de Seguridad Interior, lo que significa que el gobierno mexicano afirma su lenguaje de guerra, lo que ha dejado como resultado muerte y más muerte, impactos de la cultura de la violencia, de una cultura de la masacre donde familias enteras huyen de sus casas por la amenaza de grupos armados. Son la herencia de la militarización, del paramilitarismo y de la contrainsurgencia en Chiapas que aún persiste”, remataron.

Proceso