Escasa y poco confiable: así es la policía mexicana

Escasa y poco fiable, así es la policía mexicana según un informe que ha presentado el Gobierno federal. México cuenta con menos de la mitad de agentes que el país necesita y los que operan tienen un perfil dudoso, según el estudio. Además, sólo uno de cada cuatro posee una formación para ejercer labores de seguridad y trabajan en condiciones laborales precarias. El análisis, presentado este martes, llega cuatro días después de que entrara en vigor la Ley de Seguridad Interior, una medida polémica que han denunciado cientos de asociaciones civiles —además de la ONU y la OEA— pues según ellas, perpetúa el papel del Ejército en las calles, realizando el trabajo propio de la policía.

En México hay una tasa de 0,8 agentes por cada 1.000 habitantes. Esta es una cifra muy por debajo de lo recomendado por la ONU, que la sitúa en 2,8. Aunque la tasa deficiente excluye a dos entidades: Ciudad de México posee un número muy elevado de policías, de más del doble de lo aconsejado por el organismo internacional; y Tabasco, que es la que más se aproxima. El Gobierno se ha propuesto, no obstante, una meta más modesta a nivel nacional: duplicar lo que tienen. Para lograrlo reconocen que necesitarán al menos cinco años.

De los 128.922 policías estatales que se encuentran en activo, 8.921 ni siquiera deberían seguir operando, ha concluido el propio informe, pues han reprobado el control de confianza. De manera que, en estos momentos, el país cuenta no sólo con pocos policías, sino que además muchos no han conseguido el nivel mínimo: apenas uno de cada tres obtendría el aval necesario para ejercer, el Certificado Único Policial (CUP).

Según los requisitos que contempla dicho sistema, sólo uno de cada cuatro policías tiene formación y más de la mitad no han pasado los exámenes de competencias y desempeño. No se ha alcanzado el nivel requerido en ninguno de los puntos que precisa el certificado. Por tanto, aunque el CUP entrara en vigor en septiembre de 2016, la meta de lograr que cada agente obtenga las garantías mínimas para 2019 parece difícil.

Las academias encargadas de avanzar en ese sentido se encuentran también en condiciones pésimas. El estudio señala que, aunque el país cuenta con 39 academias —poco más de una por entidad— sólo seis son realmente viables: Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Sonora. La gran mayoría carece de las instalaciones básicas: aulas de trabajo, computadoras, comedores, dormitorios suficientes para los alumnos, servicio médico o incluso áreas de entrenamiento y estand de tiro. Pero, sobre todo, lo que es prácticamente inexistente es la capacitación en el nuevo Sistema de Justicia Penal: sólo 12 centros cuentan con el equipamiento necesario.

Ese último punto se hace más evidente si se observa la cantidad mínima de agentes formados en los protocolos básicos de actuación. Sólo el 20% del cuerpo policial posee las nociones necesarias sobre lo que hay que hacer en los casos de atención a víctimas, uso legítimo de la fuerza, violencia de género e incluso sobre la cadena de custodia, una de las grietas fundamentales en muchas de las investigaciones policiales del país.

A la falta de capacitación se suma además las condiciones laborales precarias de los agentes. Los policías estatales del país del rango más bajo deberían percibir por lo menos un salario ya bastante ajustado de 9.933 pesos mensuales — unos 500 dólares, 16 al día— y recibir las prestaciones básicas. Esto no se produce en casi la mitad de entidades, cuyos agentes cobran menos del sueldo mínimo y carecen de beneficios como seguro de vida, servicio médico, crédito para vivienda, fondo de ahorro para el retiro, apoyo para familias de policías caídos y becas escolares para sus hijos.

Los policías con el salario más bajo son los de Chiapas que ganan apenas 5.391 pesos al mes (unos 270 dólares), seguidos de los de Tabasco, con un sueldo de 6.175 pesos (300 dólares) y los de Hidalgo, que cobran 6.617 pesos (330 dólares). Los sueldos más elevados se encuentran en Sonora, una de las entidades más peligrosas para ejercer la profesión, donde ganan alrededor de 13.700 pesos mensuales (unos 680 dólares).

El diagnóstico policial que ha presentado el Ejecutivo llega cuatro días después de que el presidente, Enrique Peña Nieto, firmara la Ley de Seguridad Interior en un contexto de rechazo ciudadano. El mismo mandatario reconoció que la normativa que contempla regularizar la presencia del Ejército y la Armada en las calles “es especialmente sensible para la vida pública del país” y por ello anunció que última palabra sobre la aplicación de esta medida quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia.

Hace ya 11 años que el Ejecutivo dispone de las Fuerzas Armadas como si fueran cuerpos policiales. En 2006, el presidente Felipe Calderón, del PAN, ordenó el despliegue de miles de soldados en Michoacán para combatir a los cárteles del narcotráfico. Luego fueron otros estados. Desde entonces, más de 750.000 efectivos del Ejército y la Armada han sustituido a la policía en cientos de municipios de todo el país. La cuestionada calidad de la policía mexicana, además de su escasez, supone un argumento más que Gobierno sustente esta polémica medida, fuertemente denunciada por más de 250 asociaciones civiles, incluida Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El País