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Cámara de Diputados aprueba Ley de Comunicación Social
El dictamen ha sido cuestionado por organismos de la sociedad civil como Artículo 19 y Fundar, quienes acusan que se trata de una simulación sobre la publicidad oficial.
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen priista de una nueva Ley de Comunicación Social, que atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, reformado en 2014.
Con 205 votos a favor y 168 en contra en lo general, y 196 votos a favor y 146 en contra en lo particular, los diputados pusieron punto final al debate de la esta controvertida ley.
Con la ausencia de 127 diputados de prácticamente todos los grupos parlamentarios, quedó lista la propuesta de ley priista, que propone que para la contratación de espacios comerciales, establece que los medios de comunicación interesados se inscriban, previamente, en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación a cargo de la Segob, el cual será de acceso público .
La mayoría priista no admitió modificaciones a su proyecto, desechó seis iniciativas de la oposición, tres “mociones suspensivas” del PAN, PRD y Morena, y las 103 “reservas” que un total de 20 oradores buscaron hacer a cas la totalidad de los 45 articulo y los ocho transitorios que contiene el texto.
Destaca que “el solo empadronamiento no implica la obligación de contratación por parte de los entes públicos”.
Todo ello, con la finalidad de “evitar un uso arbitrario de los recursos en materia de Comunicación Social”.
El dictamen ha sido cuestionado por organismos de la sociedad civil como Artículo 19 y Fundar, quienes acusan que se trata de una simulación que sólo pretende cumplir con un formalismo para no caer en desacato de una sentencia de la Suprema Corte, que ordenó al congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril.
Según la organización Publicidad Oficial, el dictamen incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos, centraliza más el control del gasto en publicidad oficial, no fomenta el pluralismo y la diversidad, no propone transparencia y regulación de la medición de audiencias .
EL FINANCIERO
