Estrategia de seguridad de Calderón dio prioridad a la “guerra” contra el narco

El presidente Felipe Calderón basó su estrategia de seguridad en tres ejes que implicó declarar la guerra contra el crimen organizado, la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales, y la reconstruir el tejido social.

Sacar al Ejército de sus cuarteles para patrullar las calles, declarar la guerra contra el crimen organizado y plantear la creación de un Mando Único policial fueron algunas de las acciones de la estrategia de seguridad pública implementada por el expresidente Felipe Calderón.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la estrategia se concentraría en tres ejes: enfrentar y llevar la justicia a los criminales; depurar y fortalecer los cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales, y reconstruir el tejido social a través de la generación de oportunidades sociales y el trabajo para la gente.

Una de las primeras medidas del entonces presidente fue lanzar la Operación Conjunta Michoacán, con lo que se declaró la “guerra” contra el crimen organizado, la cual ha sido ampliamente cuestionada y responsabilizada de incrementar la violencia, miles de muertes, desapariciones y la multiplicación de cárteles.

Algunas de las acciones que propuso el entonces presidente en su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 fueron:

• Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social, mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

• Consolidar el Sistema Único de Información Criminal para concentrar y compartir datos relevantes del fenómeno delictivo en bases de datos completas y eficaces, como los registros de automóviles y armas, perfiles de delincuentes y sus modos de operación.

• Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas.

• Desarticulación de organizaciones criminales, atendiendo a la naturaleza económica de sus actividades, mediante la destrucción de los elementos que les permiten generar riquezas ilícitas y afianzarse en el territorio mexicano.

• Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz. Pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mediante el establecimiento de la oralidad en juicios penales y el mejoramiento de las competencias técnico-operativas de las agencias del ministerio público, principalmente en los procesos de averiguación previa e integración de expedientes.

• Promover el Código Penal Único. Se haría tanto en la tipificación de las conductas delictivas y sus penas, como en los procedimientos para su persecución, investigación y ejecución. La adopción de tipos penales únicos para todo el país impacta positivamente en la certeza jurídica.

• Operativos permanentes en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para asegurar a distribuidores de droga al menudeo, así como un sistema de inteligencia para combatir la existencia de centros de distribución de drogas y laboratorios clandestinos.

• Establecer un Mando Único policial para mantener un canal de información eficiente y que facilitara la coordinación y colaboración entre todas las corporaciones de policías del país.

• Promover la revalorización social del trabajo de los cuerpos de seguridad pública.

• Fortalecer la cultura de legalidad, el combate al narcotráfico y al narcomenudeo, a través del fortalecimiento del tejido social.

• Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.

• Promover y aplicar instrumentos jurídicos internacionales sobre la trata y el tráfico de personas.

• Establecer una colaboración intensa entre los órdenes de gobierno para dar origen al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se consolidará como una instancia articuladora y unificadora de todas las autoridades, del gobierno federal, de estados y municipios, en su esfuerzo conjunto para combatir la criminalidad.

• Asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades encargadas del combate a la delincuencia.

• Combatir y sancionar con mayor severidad y eficacia la violencia de género.

• Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.

El Economista